¿NOVEDAD?
La corrupción es uno de los temas que más empaña a nuestros dirigentes en el escenario político y en la palestra pública nacional. Y es una situación que se presenta hace muchísimos años, sería ignorar el presente si se dice que es de ahora nomás.
El Instituto Nacional de Concesiones, INCO, encargado
de contratar para pavimentación y mantenimiento de vías no fue la excepción a cargo de su director Álvaro José Soto, quien fue involucrado en asuntos de corrupción y, en consecuencia, ha sido destituido de su cargo junto a el subgerente del mismo instituto, Miguel Bonilla; la coordinadora del Modo Férreo, Diana Calderón; el contratista, Miguel Gómez y el asesor de contabilidad del Ministerio de Transporte, Álvaro Arias.
La situación según Andrés Uriel Gallego, ministro de transporte de este país, es que el gobierno nacional conoció unas grabaciones que demuestran hechos de corrupción del directivo.
Entre las razones más sentidas por las que se dimitió de este funcionario está, por un lado, la suspensión de un millonario Conpes que aseguraba recursos por nueve billones de pesos para tres importantes corredores viales debido a que se detectó un hecho de corrupción.
Asimismo, otra de las irregularidades estaría vinculada con la millonaria licitación del Sistema Ferroviario Central que comunicará el país con la Región Caribe.
Razón por la cual, el Gobierno Nacional también se abstuvo de asegurar recursos por 1,8 billones de pesos para la Autopista al Llano, un billón de pesos para Autopistas de la Montaña y 6,2 billones de pesos para la Autopista de las Américas.
Esta entidad es en la que más brotes de corrupción se han encontrado; pues sus más recientes directores han permanecido menos de un año y han sido relevados. En 6 años ha habido 8 personas es mencionado cargo. Es importante recordar que el predecesor de Soto, Luis Carlos Ordosgoitia Santana, dimitió del cargo después de encontrarse vinculado al escándalo de la reunión de Ralito con paramilitares.
Cabe señalar que Transparencia por Colombia, herramienta diseñada para identificar las condiciones institucionales y prácticas de los actores gubernamentales, y a partir de ella, definir el riesgo de corrupción al que se enfrentan las entidades nacionales en desarrollo de sus procesos de gestión cada año mide el Índice de Transparencia Nacional. En 2008, Colombia se rajó en las calificaciones del sector transporte con una calificación de 57 puntos que significa riesgo alto de corrupción, pues obtuvo una calificación de 3,8 sobre 10 en la medición de Transparencia Internacional, que la ubicó en el puesto 70 entre 180 países.
Y se fueron sólo estos funcionarios, pero por qué mejor no pensar en hacer una renovación total y profunda; pero claro, es difícil, porque casi en todas estas entidades se a detectado brotes de corrupción fatales y quien se va es sólo un simple funcionario, cuando de verdad devería dimitir desde la cabeza mayor. es decir, en este caso, desde el ministro de transporte hacia abajo, pues él genera desconfianza y desde hay se desprenden las irregularidades.
El Instituto Nacional de Concesiones, INCO, encargado
de contratar para pavimentación y mantenimiento de vías no fue la excepción a cargo de su director Álvaro José Soto, quien fue involucrado en asuntos de corrupción y, en consecuencia, ha sido destituido de su cargo junto a el subgerente del mismo instituto, Miguel Bonilla; la coordinadora del Modo Férreo, Diana Calderón; el contratista, Miguel Gómez y el asesor de contabilidad del Ministerio de Transporte, Álvaro Arias.La situación según Andrés Uriel Gallego, ministro de transporte de este país, es que el gobierno nacional conoció unas grabaciones que demuestran hechos de corrupción del directivo.
Entre las razones más sentidas por las que se dimitió de este funcionario está, por un lado, la suspensión de un millonario Conpes que aseguraba recursos por nueve billones de pesos para tres importantes corredores viales debido a que se detectó un hecho de corrupción.
Asimismo, otra de las irregularidades estaría vinculada con la millonaria licitación del Sistema Ferroviario Central que comunicará el país con la Región Caribe.
Razón por la cual, el Gobierno Nacional también se abstuvo de asegurar recursos por 1,8 billones de pesos para la Autopista al Llano, un billón de pesos para Autopistas de la Montaña y 6,2 billones de pesos para la Autopista de las Américas.
Esta entidad es en la que más brotes de corrupción se han encontrado; pues sus más recientes directores han permanecido menos de un año y han sido relevados. En 6 años ha habido 8 personas es mencionado cargo. Es importante recordar que el predecesor de Soto, Luis Carlos Ordosgoitia Santana, dimitió del cargo después de encontrarse vinculado al escándalo de la reunión de Ralito con paramilitares.
Cabe señalar que Transparencia por Colombia, herramienta diseñada para identificar las condiciones institucionales y prácticas de los actores gubernamentales, y a partir de ella, definir el riesgo de corrupción al que se enfrentan las entidades nacionales en desarrollo de sus procesos de gestión cada año mide el Índice de Transparencia Nacional. En 2008, Colombia se rajó en las calificaciones del sector transporte con una calificación de 57 puntos que significa riesgo alto de corrupción, pues obtuvo una calificación de 3,8 sobre 10 en la medición de Transparencia Internacional, que la ubicó en el puesto 70 entre 180 países.
Y se fueron sólo estos funcionarios, pero por qué mejor no pensar en hacer una renovación total y profunda; pero claro, es difícil, porque casi en todas estas entidades se a detectado brotes de corrupción fatales y quien se va es sólo un simple funcionario, cuando de verdad devería dimitir desde la cabeza mayor. es decir, en este caso, desde el ministro de transporte hacia abajo, pues él genera desconfianza y desde hay se desprenden las irregularidades.
